El control parental en internet es fundamental para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital.
El Gobierno ha establecido nuevas obligaciones para las plataformas digitales. Estas deberán reforzar la seguridad de los menores de 18 años y tendrán 30 días para adaptar sus sistemas e informar sobre las medidas adoptadas.
Las plataformas digitales deberán reforzar la privacidad de las cuentas de menores. También tendrán que incorporar herramientas de supervisión parental y facilitar la denuncia de contenidos de riesgo.
Estas obligaciones forman parte del decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó esta disposición el miércoles.
Las empresas tendrán 30 días naturales, contados a partir de hoy, para adecuar sus sistemas y documentar las acciones realizadas. El objetivo es fortalecer el control parental en internet y ofrecer más herramientas de protección a las familias.
Implementación del decreto y protección de menores
El instrumento es obligatorio, pero no contempla por ahora un régimen de sanciones, de acuerdo con la explicación de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. El Ejecutivo ha advertido, sin embargo, de que impulsará una ley con sanciones si las compañías no se alinean. “Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, ha señalado Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La medida se ha presentado después de reuniones con empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei. Según Alcalde, las compañías reconocieron la necesidad del instrumento y acordaron el plazo para su implementación.
La protección se dirige a todas las personas menores de 18 años. Alcalde ha precisado que comprende a niñas, niños y adolescentes hasta los 17 años, antes de alcanzar la mayoría de edad. El fundamento citado por el Ejecutivo es el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este establece la obligación del Estado de garantizar el acceso y uso seguro de internet, así como promover medidas contra el ciberacoso y otras formas de violencia digital.
Obligaciones de las plataformas digitales.
Las obligaciones no se limitan a las redes sociales. También incluyen otros servicios digitales que permiten a los usuarios comunicarse, crear, compartir o intercambiar contenidos en internet.
Las plataformas deberán incorporar la protección de menores desde el diseño de sus servicios. También deberán mantener activas, de forma predeterminada, las configuraciones de privacidad y seguridad. Las empresas tendrán que clasificar los contenidos y verificar la edad de quienes utilizan sus servicios.
Control parental en internet: ¿a quién protege?
Preguntada por el posible uso de la CURP o de datos biométricos, Sheinbaum ha respondido que las compañías cuentan con mecanismos para identificar a los menores al abrir una cuenta o a través de los contenidos que generan. También ha señalado que deben proteger los datos personales.
Qué contenidos deberán restringirse
El decreto establece que las plataformas no deben permitir a los menores el acceso, la exposición ni la recomendación algorítmica de contenidos, imágenes o videos que generen o promuevan los siguientes riesgos:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación o violencia sexual.
- Suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
- Acoso, ciberacoso y ciberbullying.
- Conductas ilícitas.
- Material sexual explícito.
Las obligaciones incluyen identificar y retirar de inmediato las cuentas o publicaciones que promuevan o generen las conductas señaladas. Las empresas deberán, además, publicar los criterios que utilicen para identificar y retirar esos contenidos.
Ante las preguntas sobre la amplitud de categorías como “discursos de odio” o “conductas ilícitas”, Sheinbaum ha sostenido que la medida está vinculada con la violencia, el acoso y el abuso sexual, y no con asuntos políticos.
Las plataformas tendrán que incorporar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, así como mecanismos accesibles para reportar usuarios o contenidos de riesgo. La finalidad es que quienes detecten una publicación puedan notificarla a la empresa para que esta la identifique y, cuando corresponda, la retire.
Contacto permanente con las autoridades.
El decreto también exige que las compañías mantengan un punto de contacto disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para atender requerimientos de información de las autoridades investigadoras. Deberán preservar y entregar evidencia relevante para los casos de riesgo, así como alertar de inmediato a las autoridades cuando identifiquen contenidos que atenten contra la vida.
Alcalde ha descrito esta coordinación como un intercambio “de ida y vuelta”: las plataformas no solo deberán responder a las solicitudes de las instituciones de seguridad, sino también avisar cuando detecten amenazas.
Lo que las empresas deberán hacer.
Las empresas deberán documentar e informar las acciones adoptadas en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, que ya ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. El seguimiento estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital. Si las plataformas incumplen, el siguiente paso sería impulsar una ley que establezca sanciones específicas.
Las medidas para las plataformas se acompañan de acciones de orientación y salud mental. El Gobierno ha incluido el apoyo psicológico de la Línea de la Vida, en el teléfono 800 911 2000, para menores y sus familias, así como la difusión de la guía El ABC de las emociones en la comunidad educativa. El material aborda la salud mental y el uso consciente de las redes sociales. Sheinbaum ha señalado que el programa contempla actividades en tercero de secundaria y en preparatoria, además de la distribución de guías y la orientación a madres, padres y docentes.
